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Los datos de crecimiento económico del tercer trimestre revelados la semana pasada vinieron a constatar que en el plano económico, el 2017 ha sido uno de los años más complejos de la última década y media. Sin embargo, a pesar de la desaceleración de la economía y la moderación en los ritmos de crecimiento de la cartera crediticia, el deterioro en los indicadores de calidad de la cartera aún permanece acotado y los niveles de cobertura se mantienen holgados. Este hecho responde, en parte, al asertivo manejo del riesgo que han venido realizando las entidades del sistema financiero colombiano, adaptando sus políticas y procedimientos para responder a la nueva realidad macroeconómica.
Si bien es preciso señalar que esta gestión ha sido oportuna, el sistema financiero colombiano enfrenta aún grandes retos en materia de gestión de riesgos de cara tanto a la implementación de estándares internacionales como a las importantes disposiciones normativas a nivel local.
Un primer frente está relacionado con la implementación de la Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF 9), pues a partir del primero de enero de 2018 las entidades deberán implementar dicha norma sobre los instrumentos financieros. Los desafíos que surgen en esta línea requieren importantes esfuerzos en las áreas de gestión de riesgos, contabilidad y tecnología para: i) adoptar la nueva clasificación de instrumentos financieros ii) establecer un modelo único de deterioro de los instrumentos financieros y iii) acogerse a las nuevas reglas para la contabilidad de cobertura de riesgos en la cual se utilizan instrumentos derivados.
Por otra parte, se encuentran los desafíos asociados a la implementación de Basilea III, un marco regulatorio que pretende fomentar y mejorar la capacidad de resistencia de las entidades ante perturbaciones de liquidez y capital, unos de sus principales pilares. En el ámbito local, el sector financiero encontrará enormes desafíos en el marco del posconflicto, pues aún existe incertidumbre respecto al rol que debe jugar y las implicaciones que se derivarán en materia de gestión de riesgos.
Si bien el acceso al crédito es un factor fundamental dentro del proceso de reincorporación de los excombatientes, es necesario contar con una regulación específica que defina tanto los requerimientos de acceso a productos y servicios, como la información necesaria que permita identificar y caracterizar esta población, un hecho que permitirá mitigar los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
De forma similar, no se pueden dejar de lado los hechos de corrupción que se han presentado en los proyectos de infraestructura vial del país y que han prendido las alarmas debido a las repercusiones que este flagelo genera en términos de calidad de la cartera y riesgo reputacional para las entidades involucradas en el financiamiento. En este sentido, es imperativo avanzar en las modificaciones legislativas que se encuentran en trámite. Marcos jurídicos apropiados e iniciativas como los pliegos tipo, que resulten proclives a la adecuada gestión de riesgos, terminan facilitando la financiación de estos grandes proyectos.
El sector financiero colombiano ha venido haciendo ingentes esfuerzos en materia de gestión de riesgos. Sin embargo, resulta imprescindible que tanto las entidades del sector como el ente regulador continúen focalizando esfuerzos para avanzar de manera expedita en estos frentes, tan cruciales no solo para la estabilidad y solidez del sistema, sino para el desarrollo sostenible del país.
Presidente Asobancaria