Las preguntas que deja el hundimiento de la Ley de Financiamiento

El ministro de hacienda Alberto Carrasquilla dijo que el Gobierno volverá a presentar un nuevo proyecto ante el Congreso.

La tormenta que tanto se advirtió, al final, no fue tal: el hundimiento el miércoles de la Ley de Financiamiento por parte de la Corte Constitucional no dejará al país en una incertidumbre económica, como había alcanzado a advertir el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien aseguró a inicios de este mes que el efecto sería nefasto para el país.

Un día después de que se hundiera en la Corte por vicios de trámite, el mismo Carrasquilla le bajó la caña al asunto al anunciar que desde su cartera se habían comunicado con aseguradoras de riesgo internacionales y se obtuvo un parte de tranquilidad.

Por su parte, el presidente Iván Duque se sumó a las palabras de serenidad y dijo que el recaudo de impuestos servirá como una suerte de colchón económico entre 2019 y 2020, porque la vigencia de la ley va hasta el primero de enero del año que viene, lo que significa, según Duque, que todas las declaraciones de impuestos estarán hechas en el marco de los artículos que se cayeron, pero que van vigentes hasta dentro de tres meses.

Sin embargo, eso no significa que el revés sufrido por el Gobierno ya esté resuelto. Todavía queda camino por recorrer si se quiere garantizar, como desde la administración Duque se ha dicho, cubrir un hueco fiscal que sería rellenado con 7 billones de pesos de continuar con efecto la ley de financiamiento.

¿HAY UN EFECTO ECONÓMICO INMEDIATO?

El abogado y economista José Roberto Acosta es de la tesis de que la determinación de la Corte Constitucional no es tan grave.

Acosta enfatizó en que las cuestiones de forma no deben perderse de vista bajo ninguna circunstancia y opina que, de acuerdo con estudios internacionales, el efecto que trae la no aprobación de la Ley de Financiamiento es nulo y que, además, se le hace un favor al gobierno con su determinación.

Desde la propia motivación de la ley, Acosta considera que se le ha dado mayor beneficio a las empresas, haciendo de esta una “ley de desfinanciamiento”, como la considera, pues apunta a que la suma perdonada a las compañías sería superior a lo recaudado, dejando un vacío considerable.

Isidro Hernández, investigador y economista de la Universidad Externado, considera, igual que Acosta, que el hecho de que la Corte haya tumbado la ley tiene un efecto nulo para este año 2019.

Sin embargo, añade Hernández, podrían llegar a verse algunas afectaciones para el año entrante.

“Por el lado del consumidor, de los hogares, se caería el tema del IVA del 9 %, lo que favorecería un poco el consumo, lo cual nos lleva al asunto macroeconómico: muchos han dicho, en especial los gremios, que prácticamente habría que cerrar el país, y eso no es cierto. Algunos sectores, desde luego, se van a ver afectados en algún grado en materia de inversión, especialmente algunas empresas que hicieron su inversión en términos de los beneficios tributarios que recibían”, explicó.

Por su parte, el docente Jorge Restrepo, afirma que el efecto real es indefinido, porque para el año entrante se presentaría un menor recaudo en términos de eliminar mayores tarifas de impuestos sobre renta a personas, pero, al tiempo, también desaparecería el recorte a la tarifa de impuestos para los empresarios.

“Yo no esperaría que se produzca ninguna catástrofe en términos de reducción del recaudo, ni una bonanza extraordinaria en términos de que desaparezcan los recortes en materia de reducción de la tarifa de impuestos sobre las empresas”, afirma Restrepo.

En cuanto al hueco fiscal, que fue el argumento del Gobierno para tramitar esta ley, Restrepo considera que al no haber suficiente información de las proyecciones y resultados de la Ley de Financiamiento, cualquier consideración al respecto sería especulativa.

¿CUÁL ES EL PLAN B DEL GOBIERNO?

Pocas horas después de que se conociera la decisión de la Corte, el presidente Iván Duque entregó declaraciones en las que insistió en que no se avecina una crisis económica y afirmó que instruyó a los ministerios de Hacienda e Interior para que presenten al Congreso un proyecto de ley nuevo que contenga los procesos consignados en la ley que se cayó el miércoles.

Después de la orden de Duque, el jueves el ministro Carrasquilla salió a anunciar que el proyecto que “vamos a presentar ante el Congreso va a ir con los mismos artículos, incluyendo el de textiles y la sobretasa al sistema financiero”, y recalcó que el recaudo tributario ha permitido que exista un alivio fiscal en este año.

Ahora lo que sigue es que el nuevo proyecto de ley avance lo más veloz posible en el Congreso. El partido Conservador anunció que tendrá encuentros extraordinarios con su bancada parlamentaria para definir la hoja de ruta del debate de esta iniciativa. Así lo anunció el vocero de la bancada conservadora en la Cámara, Juan Carlos Wills Ospina.

Por otro lado, el senador Armando Benedetti hizo un llamado a los miembros del Partido de la U para que no voten en favor de aprobar nuevamente el paquete de artículos de la ley de financiamiento.

Fue la ponencia del magistrado de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, la que tumbó la polémica Ley. La votación no estuvo reñida, el saldo: seis votos a favor y tres en contra.

Los magistrados Carlos Bernal, Luis Guillermo Guerrero y la presidenta de la Corporación, Gloria Ortiz, salvaron voto, porque consideraron que los requerimientos para sancionar la normativa no se habían cumplido a la hora de ser votada en la Cámara de Representantes.

La ponencia de Linares, por el contrario, señalaba que se desconocieron algunos artículos de la Constitución y del Reglamento del Congreso, en razón a los principios de publicidad y consecutividad.

“En la sesión extraordinaria de la plenaria de la Cámara de Representantes celebrada el 19 de diciembre de 2018, se aprobó la proposición de acoger el texto aprobado por la plenaria del Senado de la República el día anterior, sin que este fuera previamente conocido por los representantes a la Cámara, debido a la ausencia de publicidad de dicho texto, lo que impidió que se llevara a cabo el respectivo debate”, reposa en el comunicado de la Corte.

Así las cosas, para el alto tribunal la plenaria que se adelantó en la Cámara de Representantes, se llevó a cabo de manera incompleta, por cuanto no cumplió con la publicidad necesaria para que los legisladores conocieran de lo pactado en el Senado.

Para Linares y los cinco magistrados de la Sala que estuvieron de acuerdo con la ponencia que fue estudiada por más de ocho horas, la Cámara de Representantes no tuvo la oportunidad de conocer el texto antes de entrar al último debate que es requerido para la aprobación de este tipo de leyes.

El alto tribunal consideró que, con esta falla, se violó el principio democrático, en tanto no se dio una deliberación racional de la ley, no se respetó el pluralismo, ni los derechos de las minorías y no se garantizó el control ciudadano.

La Corte concluyó que el “vicio evidenciado es insubsanable, porque no se llevó a cabo una de las etapas estructurales del proceso legislativo”.