Contraloría y Procuraduría celebra la decisión del fallo

Los organismos de control respaldaron la decisión del Tribunal de Arbitramento con relación al laudo arbitral que anuló el contrato entre el concesionario Ruta del Sol II y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y sus otrosíes.

En pronunciamientos por separado, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación destacaron la decisión que obliga al Estado colombiano a cancelar al concesionario, del que forma parte la polémica multinacional Odebrecht, cerca de $211 mil millones, pero no los $1,2billones a los que se alcanzó a comprometer la ministra de Transporte Ángela María Orozco.

Para la Procuraduría General la nulidad absoluta por objeto y causas ilícitos del contrato de concesión N° 001 de 2010 y sus otrosíes, para la construccióndel segundo sector del corredor vial Ruta del Sol «reconoce que Odebrecht promovió graves actos de corrupción desde los orígenes del proyecto y hasta la terminación del contrato».

 “Con este laudo y la condena por $800.000 millones que logró la Procuraduría General de la Nación en la acción popular que interpuso ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca queda claro que Colombia no es un paraíso fiscal para inversiones de corruptos. El laudo es una gran condena económica contra Odebrecht y la mayor sanción ética impuesta por un tribunal de justicia en América Latina. El laudo le dio la razón a la Procuraduría que todos estos años se opuso a que se le reconocieran multimillonarios pagos a esta multinacional de la corrupción”, aseguró el Procurador Fernando Carrillo Flórez.

Esta decisión, agrega el proncunciamiento del Ministerio Público, ratifica su petición de días pasados cuando instó a la Ministra de Transporte a «abstenerse de realizar pagos a terceros al margen del laudo arbitral».

Las pretensiones de Odebrecht desde agosto de 2016, como se sabe, ascendían a $798 mil millones, pero que en los dos últimos años se incrementaron a cerca de $3.8 billones.

El procurador General, Fernando Carrillo, espera que con esta decisión se abra un nuevo capítulo para aplicar instrumentos transparentes en la ejecución de proyectos. “El país debe ser un referente internacional de transparencia en infraestructura” concluyó.

CONTRALORÍA ESTARÁ VIGILANTE

Por su parte, la Contraloría General de la República también se mostró satisfecha con la decisión del Tribunal de Arbitramento.

De acuerdo con el vicecontralor General, Ricardo Rodríguez Yee, el fallo se ajusta al parágrafo del artículo 20 de la Ley 1882 de 2018, recientemente declarado exequible de manera condicionada por la Corte Constitucional.

Esa decisión de la Corte está orientada a que los reconocimientos a título de restituciones deben estar dirigidos al pago del pasivo externo del proyecto con terceros de buena fe.

«Efectivamente, los reconocimientos que se realizan en el Laudo Arbitral al concesionario corresponden a inversiones ejecutadas por el contratista pero, sumado a ello, se dirigen a cubrir deudas con terceros de buena fe, tal como lo establecen los artículos 10 y 11 del mencionado Laudo», dijo el funcionario.

Así mismo, el vicecontralor advirtió que el organismo de control «estará atento a vigilar el correcto cumplimiento de lo ordenado en el Laudo Arbitral, así como la continuación del proyecto que se encuentra en un estado de avance de aproximadamente el 52%, en salvaguarda de los recursos públicos».