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La última jornada de los alegatos de conclusión dentro del juicio por el homicidio culposo de Juan Esteban Cantor—tras el desplome de la etapa 6 del edificio Space—terminó, ayer, con un choque entre la Fiscalía y la defensa de los implicados, integrantes de Lérida CDO.
Hoy en la mañana, según indicó la juez, se entregará sentido del fallo y luego de dos años de proceso se conocerá si Jorge Aristizábal, ingeniero que realizó los diseños de cálculo estructural del edificio; Pablo Villegas, gerente de la empresa propietaria que lo construyó, y María Cecilia Posada, directora del proyecto, son culpables o inocentes.
La pena a la que se verían expuestos los implicados oscila entre los 2 y 6 años, y una sanción económica de 20 a 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que sería determinada por la juez en, aproximadamente, dos meses.
Una agitada sesión
Como preámbulo al sentido del fallo, Amparo Botero, fiscal para el caso, se mostró molesta por las afirmaciones que, dijo, hizo Álvaro Vargas, abogado defensor de Villegas y Posada, en el sentido que hubo una construcción de pruebas por parte del ente acusador y que una de las empresas que realizó los estudios estructurales y de sismorresistencia, utilizados como prueba en contra de los implicados, era pagada por ese organismo con recursos públicos.
“Las de Vargas fueron consideraciones subjetivas y ataques personales a las contrapartes (…) pasando al terreno de la injuria y la calumnia”, dijo y señaló que los expertos contratados son de las mayores calidades, ajenos a la Fiscalía, y que ni siquiera son de Medellín (Quindío y Bogotá).
Botero, en un tono vehemente, pidió al abogado Vargas entablar acciones jurídicas contra ella y su despacho, debido a la gravedad de las consideraciones que apuntaban a que la Fiscalía “estaba incurriendo en delitos de supresión, destrucción y ocultamiento de documentos públicos”.
Por su lado, el argumento que esgrimió Vargas fue la revisión de roles y expuso que ni Posada ni Villegas son ingenieros de casco y botas que se empantanan, es decir, no conocían lo que se hacía en la obra. Sin embargo, para Federico Londoño, abogado defensor de la familia Cantor, “la responsabilidad penal no se desprende del cargo, sino de los actos negligentes que crearon el riesgo”.
LA MUERTE DE CANTOR
Las consideraciones de la defensa de Jorge Aristizábal y la de Posada y Villegas, sobre los hechos que rodearon la muerte de Juan Esteban Cantor, no cayeron bien ni en el abogado de la familia de la víctima ni en la Procuraduría y tampoco en la Fiscalía.
Carlos López, abogado de Aristizábal, aseveró que su defendido no era responsable de impedir el ingreso de Cantor al edificio, la noche del 12 de octubre cuando murió bajo los escombros de la etapa 6 del Space y agregó que la acción del joven fue una “autopuesta en peligro”.
Para Cecilia Molina, madre de Juan Esteban, fue cínico el argumento del abogado López en el que señaló que la noche de la muerte de su hijo, este jugaba con un amigo, cerca de la torre 6 del edificio, consciente del riesgo que corría.
Al respecto, Federico Londoño, defensor de los Cantor, indicó que la verdad es que, segundos antes del desplome, Juan Esteban había parqueado su carro en la zona de estacionamientos para visitantes. No obstante, ese no es el punto, lo que realmente importa para los familiares de la víctima es que, como lo dice su abogado, “la causa de la muerte de Cantor fue que se construyó un edificio mal diseñado, por eso se cayó, y él murió. Presentar una consideración diferente es evitar que se sancione a quien debe ser sancionado”, concluyó.
Tomado de El Colombiano.