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La destituida fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, aseguró que en su país «existe un Estado de terror que ha imposibilitado los derechos de los ciudadanos», porque estos no pueden ejecutar acciones que no estén acordes al pensamiento del Gobierno.
La exfuncionaria denunció, durante una conferencia sobre Derechos Humanos en la Universidad del Rosario, en Bogotá, que la grave situación del vecino país se ha venido incrementando por la constituyente del Gobierno de Nicolás Maduro.
“Esta situación se ha venido profundizando de manera acelerada con la implementación de una Asamblea Nacional Constituyente, a la que yo llamo ‘constituyente presidencial’, porque fue para satisfacer los caprichos del presidente de Venezuela”, indicó Ortega.
Asimismo, denunció la grave vulneración de los derechos de los venezolanos, que se viene presentando por la falta de alimentos, acceso a la salud y la persecución política a la oposición, entre otros.
“No es extraño ver a los ciudadanos, principalmente niños, buscando comida en la basura. El déficit nutricional aumentó 58 % en el mes de agosto, y esto trae consecuencias irreversibles en la salud y en el futuro de la población, situación que no padecen los hijos de los funcionarios del Gobierno”, señaló la exfiscal, quien también rechazó que las bolsas de alimentos que se entregan a la población se han venido utilizando como una forma de extorsión para que apoyen al Gobierno.
Sobre la crisis de la salud, señaló que no existen garantías para este derecho “por la falta de medicamentos e insumos y por el deterioro de la infraestructura hospitalaria. La Federación Médica Venezolana estimó la escasez de medicinas en un 85 %, por eso muchos de los venezolanos cruzan la frontera para comprar medicamentos en Colombia”.
En cuanto a la situación de la justicia, indicó que “en Venezuela no funciona, porque el gobierno tiene un poder judicial que ha sido convertido en un brazo de persecución política de la oposición”.
En este sentido, la exfuncionaria aclaró que para la elección de los magistrados se utilizó un proceso fraudulento, asegurándose que su inclinación política fuera cercano a la corriente política del gobierno y que esto ha impedido que se adelanten investigaciones sobre la violación de los derechos humanos.
Durante la conferencia, también rechazó que el gobierno ha venido implementando acciones para construir un aparato de estado de carácter militar y policial, con una figura de civiles armados, dirigidos a enfrentar y reprimir cualquier expresión de descontento de la población frente a la agobiante situación económica, social y política del país.
“El ciudadano que protesta pasa a ser un enemigo y un objetivo militar contra quienes se ha venido utilizando la fuerza policial”, señaló Ortega, quien informó que cerca de 400 venezolanos fueron procesados por justicia militar solo por el hecho de manifestarse.
Igualmente, lamentó que el país tenga uno de los indices de homicidios más grandes del continente, ya que en el 2016 ocurrieron 21.752 muertes, que representan una tasa de 70,1 por cada 100.000 habitantes.
“Los entendidos en la materia afirman que el índice de homicidios determina el grado de inseguridad de un país, entonces a partir de estas cifras podemos entender la realidad que vive Venezuela, en donde el 86,6 % de los casos fueron ejecutados con un arma de fuego”, manifestó.
Frente a la situación que viven millones de venezolanos, dijo que en los últimos años se ha ejecutado un proceso de sometimiento de la población a la voluntad de quienes ostentan el poder, lo que implica una violación de todo principio democrático.
“Es doloroso encontrarse a tantos venezolanos en la calle, me encontré a una prestigiosa médica vendiendo arepas en Bogotá, esto no puede suceder en un país tan rico como Venezuela, en el que tenemos petróleo, minerales, recursos hídricos, lamentablemente ese dinero no va a la población necesitada y se queda en los bolsillos de un grupo, esta corrupción es la que genera todos estos problemas”, resaltó Ortega.
Ante las elecciones regionales que adelantará el Consejo Nacional Electoral el próximo domingo, indicó que este proceso tuvo que haberse realizado en diciembre del año pasado.
“El régimen dictatorial pretende mostrar ante el mundo que en el país se respetan las libertades y los mecanismos de participación política con este proceso que está plagado de irregularidades, porque se ha venido intimidando a los electores y funcionarios públicos que no están de acuerdo con los candidatos del gobierno”, manifestó Ortega.
La destituida fiscal hizo un llamado a los ciudadanos a participar de las elecciones, a pesar de las circunstancias que atraviesa el país.
“Hago un llamado a los venezolanos a votar, porque creo en la democracia, en la alternabilidad de mandatos, en el ejercicio de ese derecho constitucional, pese a que las condiciones son desfavorables y que el CNE es un ente totalmente parcializado, pero pido que no retrocedan ante las amenazas y tengan confianza en derrotar a quienes han pretendido someternos y esclavizarnos a través del hambre, la miseria y la enfermedad”, precisó.
Tomado de Colprensa.