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Las Comisiones Primeras conjuntas casi dejan que, como reza el adagio popular, se quemara el pan en la puerta del horno. En la discusión de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, la discusión del artículo 30 puso a sudar frío al Gobierno. Luego de una larga deliberación, la votación fue reabierta y las mayorías se impusieron por el Sí.
En una primera votación esa parte de la iniciativa no fue aprobada por las mayorías, esta propuesta buscaba que los exguerrilleros de las FARC conservaran sus derechos de participar en política, aun después de ser sancionados por la JEP.
Pese a que el Acto Legislativo 01 de 2017 asegura que “la imposición de cualquier sanción en la JEP no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política. Respecto a aquellas personas que pertenezcan a organizaciones rebeldes que hayan firmado un acuerdo de paz con el Gobierno, a efectos de reincorporación, quedarán en efecto suspensivo las condenas derivadas de delitos competencia del Tribunal para la Paz impuestas por la justicia ordinaria o disciplinaria, hasta que estas hayan sido tratadas por la Jurisdicción Especial para la Paz para lo de su competencia”.
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, aseguró que la ley estatutaria solo estaba reiterando una norma que ya hace parte de la Constitución, en la reforma ya mencionada. Sin embargo, solicitó la reapertura de la votación para que, esta vez sí, fuera aprobado el artículo.
Pese a que la norma está en la Constitución la Ley estatutaria es la brújula que guía el funcionamiento de la misma por lo que la supresión de este artículo dejaría la participación política un poco en el limbo.
El senador Armando Benedetti, del Partido de La U, sostuvo que la falta de mayorías es “vergonzosa y lapidaria” e hizo un llamado al ministro para que aglomerara las mayorías una vez más. A su turno, Roy Barreras, de la misma colectividad, sostuvo que la participación en política es el tema más importante del acuerdo de paz, “acabar con ese artículo es darle un fuerte golpe al acuerdo”.
Por otra parte, Hernán Penagos, ponente de la ley, solicitó a sus colegas no enviar mensajes trágicos a la opinión pública. “Estos mensajes pueden ser mal interpretados, seamos serios, dejemos de hacer exposiciones trágicas al respecto de una remisión normativa. Nosotros lo que estamos haciendo es crear artículos que se remiten al acto legislativo”.
Claudia López, del Partido Verde, aseguró que pese a que ha apoyado el proceso de paz, es elemental que los excombatientes “hagan un compromiso de someterse a la Justicia Especial para la Paz. Estoy segura que todos los colombianos, quienes apoyan el proceso y quienes votaron por el Sí, preferirían tener esa garantía antes de que los señores de las FARC hagan política”.
Cabe recordar que el pasado martes la senadora había hecho una proposición, que complicó el debate, donde se buscaba que todos aquellos líderes de las FARC, que tienen delitos de lesa humanidad, deberían ir primero a esa justicia transicional antes de poder llegar al Senado o la Cámara. Pese a que la proposición fue negada el debate se revivió en la noche de este lunes.
El ministro se comprometió a realizar una proposición para mejorar el artículo 30 y así la exguerrilla se comprometa con comparecer a la JEP incluso siendo candidatos.
LA JEP SE APROBÓ
El procedimiento propuesto por el ponente Hernán Penagos, fue agrupar los artículos por temas y votarlos en bloque. En la noche de este lunes se aprobaron los 48 artículos que faltaban, para que los 162 que componen la ley pasaran a debate de plenarias de Senado y Cámara.
Algunos artículos fueron aprobados con la salvedad de que en la siguiente instancia se presenten proposiciones que mejoren su redacción. El debate terminó alrededor de las 10:45 de la noche. Los partidos Cambio Radical y Centro Democrático hicieron presencia, más no votaron la incitativa.
Durante la votación solo le aprobó una proposición realizada por Viviane Morales, que impide que abogados extranjeros sean los defensores de quienes acuden a la Justicia Especial para la Paz en el sistema autónomo que ofrece el Estado. El resto de las proposiciones fueron negadas y el articulado permaneció como resultó de las conversaciones con los Partidos y el Fiscal. La Ley Estatutaria de Justicia Especial para la Paz ahora será discutida por las plenarias de Senado y Cámara.
EL ‘GOL’ QUE LE METIERON AL FISCAL
Aunque el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, se había erigido como el gran triunfador de los cambios a la Justicia Especial de Paz, JEP, este lunes las Comisiones Primeras del Senado y la Cámara le incumplieron el acuerdo. El Fiscal pide que la justicia arranque solo hasta tener todo su andamiaje completo.
La discusión de ese artículo, el 98, suscitó un nuevo enfrentamiento al interior de la Unidad Nacional, al punto que hubo señalamientos desde el Partido Conservador, en el sentido de que “hubo una burla del gobierno a su palabra comprometida con el fiscal”.
En ese sentido, se pronunció el representante a la Cámara Heriberto Sanabria, quien aseguró que su partido seguiría votando el articulado, pero que esto dejaba un mal precedente.
En general, la norma en discusión señala que mientras el Congreso expide las disposiciones procesales que serán elaboradas por los magistrados de la JEP y votadas por el Congreso, la justicia puede operar de manera transitoria con algunas reglas especiales.
Entre las reglas, frente a las que algunos congresistas mostraron oposición, estaba limitar derechos constitucionales para practicar pruebas, ordenar la práctica de las mismas, y, para evitar dilaciones procesales limitar “razonablemente” el principio de oralidad.
Hernán Penagos, ponente de la ley, zanjó la discusión asegurando que el artículo sería nuevamente redactado y presentado a discusión en las plenarias. Proposición acompañada por el ministro del Interior, Guillermo Rivera.
Sin embargo, el fiscal había solicitado el retiro de este artículo. De ser retirado la JEP, como aseguró el senador Roy Barreras estaría muerta durante el tiempo en que comienza esa discusión que por temprano, sería en enero del 2018.
Tomado de Colprensa