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En la mañana de este lunes el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) en conjunto con el Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos, entregaron una declaración en la que condenan los graves hechos sucedidos en Tumaco, Nariño. Además revelaron que esta no es la primera vez en este año donde el choque entre campesinos cultivadores y Fuerza Pública da como resultado civiles muertos.
“Los graves hechos de Tumaco deben investigarse a profundidad al igual que los homicidios de campesinos e indígenas en Morales (un muerto y cuatro heridos) y Corinto en Cauca (un muerto y cuatro heridos), San José del Fragua y Montañita (dos muertos) en Caquetá, El Retorno Guaviare (una mujer ahogada en la protesta), y Nariño (seis muertos y 20 heridos), para solo citar los casos sucedidos este año”, aseguran las dos entidades.
Así mismo, sostienen que la paz no se puede construir basada en la impunidad, pues esta “no es una opción en la construcción de una paz estable y duradera en la Colombia de hoy, y la garantía de no repetición de tan lamentable acción es una obligación de los responsables de la política de drogas.
Las instituciones criticaron el programa de erradicación adelantado por el Gobierno pues, según ellos, “los dolorosos hechos de Tumaco demuestran que la controvertida política en cuestión está llevando al traste los avances alcanzados en el acuerdo de paz, es motivo de reciclaje de la violencia estructural que ha padecido el país, al tiempo que fuente de mayores conflictos entre las poblaciones rurales y el Estado”.
Camilo González Posso, presidente de Indepaz, aseguró que la política de sustitución de cultivos no ataca realmente el problema de los cultivos ilícitos en el país, “hay un riesgo inminente de que se repitan esos acontecimientos.. Creemos que la política de erradicación forzada y la estrategia de erradicación voluntaria, pueden repetir hechos como estos. La política del Estado no puede ser una política militar. Hemos sabido que en este momento hay operativos en marcha que pueden desencadenar en otros hechos similares”, sostuvo.
Y agregó que la teoría estatal de que allí existen disidencias de las Farc es “una tesis sin sustento porque en Tumaco, Nariño, lo que predominan son bandas criminales que no se pueden confundir con grupos armados organizados de tipo militar. No hay una buena caracterización de los individuos por parte del Estado, muchos de ellos no son desertores del proceso de las Farc, como puede ocurrir en el Guaviare, son pequeños grupos muy peligrosos pero de narcotraficantes. Cuando existían las Farc ellos eran simplemente socios de negocios”, explicó González.
Por último, sostuvo que si el Gobierno Nacional llega a cumplir la meta de 50 mil hectáreas libres de coca, eso significará 70 mil familias en la miseria “las metas son perversas y pueden generar la reproducción de violencias, ese es el mejor caldo de cultivo para la reproducción de las mafias y la vinculación de las comunidades con las mafias narcotraficantes. El Estado debe hacer un replanteamiento muy grande de su política, si no lo hace se producirá una gran crisis”.
Tomado de Colprensa