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La Cámara deberá debatir dos informes de ponencia: uno a favor de las objeciones y otro en contra de las mismas para saber cuál será su suerte en el Congreso. Se espera que con la decisión de Cambio Radical de votar en contra de estas, la balanza se incline hacia el informe que las rechaza.
Esta semana será clave para la discusión de las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la Cámara de Representantes, donde este lunes se iniciará la discusión.
La Cámara deberá debatir dos informes de ponencia: uno a favor de las objeciones y otro en contra de las mismas para saber cuál será su suerte en el Congreso. Se espera que con la decisión de Cambio Radical de votar en contra de estas, la balanza se incline hacia el informe que las rechaza.
Los representantes a la Cámara Jaime Felipe Lozada (Partido Conservador) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) fueron quienes radicaron ante la secretaría del legislativo un informe de aceptación a las objeciones presidenciales de JEP, mientras que los demás miembros de la comisión designada en la Cámara para su estudio presentaron un documento en contra de los reparos que hizo Iván Duque.
Hicieron parte de esa ponencia John Jairo Cárdenas (La U), Carlos Ardila (Liberal), David Racero (Decentes), Juanita Goebertus (Alianza Verde) y José Daniel López (Cambio Radical).
Recientemente, el presidente Iván Duque Márquez aseguró que algunos políticos quieren convertir la discusión sobre las objeciones en una puja contra su Gobierno. Dijo que es un debate que no se puede reducir a vencedores ni vencidos, sino que debe primar el interés del país y la construcción de una paz que una a los ciudadanos.
El mandatario reiteró que cualquiera que sea la decisión del Congreso de la República alrededor de las objeciones que hizo a la Estatutaria de la JEP, será acatada por él, pero invitó a que el debate en el legislativo se haga a conciencia.
“Lo que hemos presentado al pueblo colombiano es un debate sano y espero que el Congreso de la República, sin criterios partidistas, sin cálculo político, analice lo que fue presentado para que tengamos un debate con altura, sin estigmatizaciones, sin señalamientos, sino con la totalidad y absoluta claridad de pensar en lo que más le conviene a Colombia”, agregó el presidente.
Sin embargo, la expectativa se mantiene por lo que pueda pasar al interior del legislativo durante el debate.
APROBADO PROYECTO
La Cámara de Representantes aprobó en segundo debate la iniciativa que modifica la Ley de transparencia y de Acceso a la Información con el objetivo de que las entidades públicas tengan una mejor comunicación con los ciudadanos.
Para la representante a la Cámara, Nubia López, con la aprobación de este proyecto de ley se espera transitar del derecho de acceso a la información al derecho a la comprensión, argumentando que cuando un ciudadano no entiende lo que el Estado le comunica, le resulta imposible ejercer sus derechos y cumplir sus deberes.
De acuerdo a la congresista, el trámite de este proyecto de ley viene acompañado del desarrollo de una Red Nacional de Lenguaje Claro integrada por la Cámara de Representantes, el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto Caro y Cuervo, la Universidad de los Andes y la Universidad EAFIT. En América Latina, solo Colombia, Argentina y Chile tienen una red de este tipo.
La parlamentaria agregó que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) también ha estudiado los impactos económicos de esta iniciativa y ha concluido que con una administración que se tome en serio el lenguaje claro, el Estado se puede estar ahorrando al año, hasta 2 millones de dólares, y los ciudadanos, entre traslados y costos asociados a las aclaraciones, 1.600.000 mil dólares.
“Una comunicación está en lenguaje claro si la lengua, la estructura y el diseño son tan claros que el público al que está destinada puede encontrar fácilmente lo que necesita, comprende lo que encuentra y usa esa información” manifestó Nubia López.
López destacó que según mediciones del DNP, el 61% de los ciudadanos debe asistir más de dos veces a realizar el mismo trámite; el 44% se declara satisfecho con el lenguaje y la forma de expresarse de los funcionarios que atendiendo sus solicitudes y apenas el 37% se declara satisfecho con la claridad en el proceso de trámites o servicios a realizar.
BOGOTÁ COLPRENSA
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