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Haber traficado con drogas dentro de la subversión continúa considerándose inmoral pero dejó de ser ilícito, lo cual ocurre con la comisión de otros delitos, inclusive de carácter sexual, ello se requirió para la suscripción del acuerdo de paz.
Dentro de este esquema, con leyes y actos administrativos, dejó de existir un solo código penal y el de procedimiento cambió, hay dos fiscalías, los jueces tienen diferente óptica para analizar fenómenos sociales, lo inmoral adquiere la categoría de legal. Esto se une al tiempo, si el señor Jesús Santrich miembro del partido Farc negoció estupefacientes antes de determinada fecha no puede procesarse, ni condenarse, si lo hizo después se haría acreedor a la extradición solicitada por los Estados Unidos. Sin entrar a la discusión sobre el fondo de la sindicación los magistrados de la justicia Especial Para la Paz (JEP) revisan el calendario con el objeto de definir si les corresponde asumir la investigación o dejar que se surta ante la justicia ordinaria. El debate se centra sin la certeza acerca de si el detenido en verdad intentó traficar y con quienes. El estudio de fechas se realiza en otros casos.
Cuando se mencionan los diálogos con el Eln -por el momento suspendidos- ello hila con aceptar la licitud de la comisión de delitos de lustros, el no castigo por acciones violentas que dejaron multitud de víctimas, de rampante destrucción y al mencionar la factibilidad de convenios con bandas delincuenciales comunes se busca la disminución de penas garantizado su sometimiento, creando jurisprudencia insólita.
A algunos ya se les ocurre proponer una justicia especial que investigue y sancione ilícitos que cometan funcionarios de la JEP. La academia, los dirigentes, deben reflexionar, urge defender los valores, la decencia. El Derecho que nos enseñaron juristas ilustres no es el mismo, ninguno de esos profesores compartiría el criterio de que la paz se logra solamente con leyes opuestas a la ética. Por estos días la moral subsiste hasta la aparición de artimañas, pistolas y bombas, frente a la amenaza del terrorismo equivocadamente la propuesta consiste en debilitarla más.
Las seis objeciones parciales a la Ley Estatutaria de la JEP, del presidente Iván Duque, son de fondo, está en juego la civilización, aspiramos a que la conciencia colectiva concuerde con la individual, no puede aceptarse el tratamiento equivocado de delitos de lesa humanidad, ni de carácter sexual, conviene la precisión de términos, impedir la impunidad, asiste razón plena al mandatario. ¿Cómo sustentar la democracia con concesiones que rompen principios esenciales de convivencia comunitaria? Rememoro la acertada admonición de Simón Bolívar al expresar que ¨los legisladores necesitan una escuela de moral.”