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El jefe del ministerio público, Fernando Carrillo Flórez pidió “aunar esfuerzos en la búsqueda de mecanismos encaminados a facilitar el tránsito de estos niños para que puedan recibir la asistencia humanitaria que corresponde, en aras de garantizar el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
Más de 3000 niños y niñas están en situación de vulnerabilidad tras el cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela, por lo que el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, solicitó al Presidente del Comité de la Cruz Roja Internacional, Peter Maurer, asistencia humanitaria.
El jefe del Ministerio Público pidió “aunar esfuerzos en la búsqueda de mecanismos encaminados a facilitar el tránsito de estos niños para que puedan recibir la asistencia humanitaria que corresponde, en aras de garantizar el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, así como la protección de todos los derechos fundamentales de esta población que han sido vulnerados por la situación que se vive en la frontera colombo – venezolana”.
De acuerdo con lo informado por las Secretarias de Educación de los departamentos de Arauca, Santander y Norte de Santander, así como por los municipios de Cúcuta y Bucaramanga, a la fecha existen 14.200 niños y adolescentes venezolanos matriculados en instituciones educativas oficiales del país, quienes han sido beneficiarios de estrategias de permanencia en el sistema educativo como el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el transporte escolar.
En su comunicación al jefe del CICR en Colombia, el Procurador recalcó la importancia de un trabajo conjunto para proteger la dignidad humana y salvar las vidas de connacionales y migrantes afectados por la coyuntura que vive la frontera común.
INFORMACIÓN LABORAL
Ayer fue presentado el Estudio Piloto Sociolaboral de la Población Migrante Venezolana, que evaluó las posibilidades de vinculación laboral de esta población venezolana en el país, determinado que hay desconocimiento para acceder a oportunidades de empleo.
El especialista de inclusión laboral de Fupad, Carlos Parra, explicó que el estudio evidenció las principales barreras de empleabilidad a las que se enfrenta la población migrante venezolana y que parten desde el mismo desconocimiento de la normatividad y la ruta de empleabilidad disponible para esta población por parte de empresarios, entidades públicas y privadas y de los migrantes inclusive.
“Hay aspectos relacionados con la imposibilidad para certificar sus títulos de formación y/o experiencia laboral, prejuicios sociales y discriminación, desconocimiento de los diferentes tipos de contratación, entre otros”, agregó.
El estudio se realizó en Bogotá, Barranquilla y Cartagena con cerca de 25.000 registros de hojas de vida de migrantes venezolanos en Colombia, condensadas en el Servicio Público de Empleo (Agencias Públicas de Empleo del SENA y las Agencias de Gestión y Colocación de las Cajas de Compensación Familiar), revelando así que sólo 8879 personas tiene el Permiso Especial de Permanencia y están perdiendo oportunidades laborales por desconocimiento de la normatividad.
“Existe un bajo registro de hojas de vida de población migrante venezolana tanto en las plataformas de las Agencias Públicas –APE del SENA- como en las de las Agencias de Gestión y Colocación de las Cajas de Compensación Familiar. Además, en los Grupos Focales (tres en cada ciudad), se determinó que muchos migrantes postulan sus hojas de vida con perfiles más bajos a los reales con el fin de tener una mayor posibilidad de vinculación laboral, lo cual podría explicar los resultados cuantitativos”, sostuvo Parra.
Además de esto, el estudio también documentó que el rango de edad de esta población oscila entre 21 y 40 años y el nivel de formación académica se encuentra en su mayoría en el nivel medio. Lo que representó que al analizarse las vacantes de baja postulación, en donde no se reciben candidatos para ocupar los cargos disponibles, se encontró que la mayoría corresponden a cargos relacionados con finanzas y administración y en niveles técnicos y profesionales./Colprensa/ Procuraduría