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El procurador general Fernando Carrillo anunció que hasta la fecha el organismo ha llevado a cabo alrededor de 63.000 indagaciones preliminares, se han formulado 1.300 pliegos de cargos, se han realizado 29.050 investigaciones, han proferido 3.240 fallos, y han sancionado a 1.233 personas escogidas por medio del voto popular.
Desde el monumento India Catalina en Cartagena, el Procurador General, Fernando Carrillo, llevó a cabo la rendición de cuentas de su segundo año en el cargo como jefe del ente de control.
Carrillo anunció que hasta la fecha el organismo ha llevado a cabo alrededor de 63.000 indagaciones preliminares, se han formulado 1.300 pliegos de cargos, se han realizado 29.050 investigaciones, han proferido 3.240 fallos, y han sancionado a 1.233 personas escogidas por medio del voto popular.
A juicio del Procurador, todas estas actuaciones se realizaron luego de analizar las acciones de los denominados carteles de neurorehabilitacion, hemofilia, ciencia y tecnología, chatarra y volteo de tierras.
Además de la corrupción que, a juicio de Carrillo Flórez, ha sido atacada desde que llegó al cargo, las líneas importantes del ente de control, son preservar los derechos humanos, la vida de los lideres sociales y apoyar la justicia transicional, entre otras acciones.
En relación con la defensa de los derechos humanos, el procurador expresó: «las acciones van más allá de sanciones. Lo ideal es defender los derechos humanos. Así las cosas, hemos bajado la Procuraduría a la calle, realizando audiencias con la ciudadanía», aseguró y añadió que está acción ha servido para que el pueblo colombiano sientan al órgano de control más cerca.
Prueba de ello es que la Procuraduría ha acompañado las acciones y decisiones emitidas por la Corte Constitucional, precisamente para evitar que no se les vulnere los derechos a los colombianos.
Sobre los líderes sociales, el procurador aseguró que desde la entidad han trabajado de la mano con los defensores de derechos humanos para identificar las amenazas que tienen en su territorio. A juicio de Flórez, los riesgos a los que se enfrentan los lideres no son los mismos en todo el territorio nacional, por lo que se deben implementar estrategias locales.
Así las cosas, desde la entidad promueven la ‘Mesa por la Vida’, con la que se pretende evitar esas amenazas, además de articular acciones con las autoridades y el Gobierno Nacional.
En relación con la Justicia transicional, el procurador aseguró que desde un principio les aseguraron que el ente que preside no tenía ningún vínculo con la misma. Sin embargo, hizo caso omiso a ello y determinó apoyar a las víctimas del conflicto armado. Prueba de ello, son los dos informes entregados el aloca pasado a la Jurisdicción Especial para la Paz.
Añadió que en la intervención de la Procuraduría con la Justicia transicional, que no supera un año, han emitido 108 conceptos y se han realizado 122 audiencia que tienen la finalidad de recolectar pruebas de las víctimas, todo para esclarecer los hechos ocurridos previos a la firma final del acuerdo de Paz.
PROTOCOLOS DE RUPTURA
De otro lado, el Procurador General, Fernando Carrillo, quien preside un acto de rendición de cuentas de la entidad en Cartagena, afirmó que los protocolos de ruptura de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), no se pueden convertir en un blindaje para que no respondan por las acciones delictivas perpetradas en los últimos días en el territorio nacional.
«La responsabilidad de ese bárbaro atentado terrorista implica respuesta de la justicia internacional. Los protocolos no pueden ser un blindaje y una excusa de la responsabilidad que tiene el Ejército de Liberación Nacional en un acto terrorista de esa magnitud», dijo el Procurador.
Sobre la actuación de Cuba, país garante en el proceso, el procurador dijo que es necesario que tome una reacción inmediata frente a los señalamientos que ha hecho el Presidente Iván Duque, no solo de culminar el proceso de paz, sino también de reactivar las órdenes de captura que pesan en contra de los miembros del Comando Central del ELN.
«Ese es un dilema que hace parte de la soberanía de Cuba, pero Cuba sí tiene que reaccionar enérgicamente. Cuba no puede pensar que esto es un acto ordinario de la ruptura de un protocolo», aseguró Carrillo Flórez, quien consideró que el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander, donde perdieron la vida 21 personas y 68 más resultaron heridas, es un acto que afectó no solo el proceso de paz con el Eln sino la lucha global, el DIH y el derecho internacional público.
Sobre el atentado, el jefe del ente de control aseguró que están valorando abrir investigaciones disciplinarias por lo ocurrido. «Nosotros queremos que en este momento se surta lo que debe ser prioridad, que es el duelo, pero más adelante vamos a examinar que pudo haber sucedido y fallado en la seguridad».
Las declaraciones las entregó el jefe del ente de control desde Cartagena donde se llevó a cabo la rendición de cuentas de la entidad.