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´Iván Márquez miente´: Gobierno

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El alto consejero presidencial Emilio Archila le salió al paso a las críticas del ex-negociador de paz de las Farc frente a la implementación del acuerdo de paz

Las apreciaciones de Iván Márquez en un video que se hizo público hoy no corresponden con los hechos, no aportan a la construcción de paz, se apartan de la realidad de 13.043 ex combatientes que han honrado su palabra y contradicen las verificaciones que las instancias independientes han certificado públicamente.

Es falso que la Misión de Verificación de las Naciones Unidas haya señalado que el Gobierno Colombiano esté incumplido los acuerdos. Por el contrario, en su último informe, ese organismo multilateral de verificación resaltó la tranquilidad que el Presidente Duque ha trasmitido a los excombatientes, lo mismo que alas naciones comprometidas en apoyar la implementación.

  • Respecto de la política de Paz con Legalidad del presidente Iván Duque se destaca que incluye dentro de sus objetivos estabilizar las áreas más afectadaspor la violencia y la pobreza, tomando como punto de partida 170 municipios. La implementación de esta política comienza este año 2019, con una planeación seria, con liderazgo, con recursos, y con la meta de erradicar la violencia de las zonas en las que ese flagelo ha castigado por décadas a varias generaciones de colombianos.
  • En la misma dirección se considera positivo que el Gobierno esté trabajando en el desarrollo para el campo, como base del desarrollo, para impulsar el emprendimiento y la equidad.
  • En el texto se destaca la regularidad con que se han venido reuniendo los cuerpos bilaterales previstos para la implementación. Por ejemplo, La CSIVI, Comisión de Seguimiento, Impulso y verificación a la implementación.
  • Se notó en el reporte que el Consejo Nacional para la Paz y la Reconciliación se reunió, con el Presidente Duque como anfitrión, y que, gracias a su apoyo y seriedad, los esfuerzos por la reconciliación en Colombia están entrando en una nueva fase.
  • En cuanto a la recuperación económica y social, En 2018 se aprobaron para los ex combatientes, 20 proyectos productivos colectivos, por $14.998 millones, beneficiando a 1.311 exintegrantes de las FARC. Y antes del 31 de diciembre fueron desembolsados 5 proyectos por un valor de $ 2.570 millones, beneficiando a 248 personas.
  • Agilizamos los procesos de reincorporación y atención a excombatientes, a través de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Hay en el registro 13.031 excombatientes que reciben atención del gobierno.

En los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación –ETCR, viven hoy 3.515 excombatientes.

Nueve de cada 10 excombatientes recibe un auxilio mensual para su sustento; 10.000 están en régimen pensional y el 98% está inscrito a salud. En los últimos 5 meses, el indicador de atención para reincorporados subió del 27% al 51%.

  • El reporte también ve como muy positivo lo que se logró con el proyecto “Arando la Educación” que ha beneficiado a más de 5,600 ex combatientes; ha entregado 477 diplomas, y aún con más entusiasmo las conversaciones que ya se han comenzado para reforzar el soporte educativo.

Es mentira que exista desprotección de los ex combatientes:

  • Las condiciones en que han fallecido alrededor de 85 ex combatientes muestra que la gran mayoría de ellos, lamentablemente, habría vuelto a actividades ilícitas. Y, en esa misma dirección, en el reporte de Naciones Unidas se reconoce que el Ejército y la Policía continúan protegiendo los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, ETCR, y las zonas aledañas. Resalta además que, gracias a esos esfuerzos no se han presentado incidentes de seguridad significativos.

El reporte indica que ya hay avances significativos en la investigación de 48 casos y aún ya 3 sentencias y hay 27 detenidos por estas razones.

Es falso que el Gobierno no esté brindando garantías de seguridad política:

  • De cara a que las Farc como partido político participarán en una primera elección regional, en el informe de Naciones unidas se considera muy positivo que el Gobierno, con suficiente anticipación, ha tomado la iniciativa de proveer un sistema de seguridad adecuado para los candidatos.
  • En el mismo tono de tranquilidad, se describe cómo, desde que se nombró al consejero para el Posconflicto como responsable de la Mesa Técnica de Seguridad, ésta se ha reunido con regularidad y ha funcionado eficientemente. También rindieron resultados positivos 3 talleres subregionales liderados porla UNP y la ARN.

Es falso que el Gobierno del Presidente Duque haya modificado lo acordado o que se haya modificado la JEP. El gobierno respeta la autonomía y la independencia de la JEP. Se señala en la política Paz con Legalidad de esta administración, que estos aspectos (que en lo sucesivo ni el narcotráfico ni el secuestro sean reconocidos como un delito conexo al delito político y que se revise el tratamiento para los delitos sexuales contra menores de edad) “… se han propuesto abiertamente y en la forma de acto legislativo, para que tengan efectos hacia futuro.

Por ello, no afectarán negativamente a ninguno de los que se mantengan plegados a la legalidad del proceso, en particular, no respecto de los derechos políticos adquiridos, no a las personas en proceso de reincorporación, no a las regiones más severamente afectadas por la violencia, no a las familias que se han vinculado al proceso de sustitución voluntaria de cultivos de coca y, definitivamente no a las víctimas.”

Es falso que exista inseguridad jurídica: La Oficina del Alto Comisionado de Paz, OACP, de conformidad al punto 3.1.3. Monitoreo y Verificación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, ha venido solucionado controversias e incidentes que han surgido en la implementación del Acuerdo, relacionados con el tránsito a la legalidad, así:

Con relación a la suspensión de órdenes de captura se informó a la Fiscalía General de la Nación, a la Dirección de investigación Criminal e Interpol – Dijin de la Policía Nacional, la base de datos actualizada de las personas acreditadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en cumplimiento del Decreto 2125 del 2017. (Suspensión de órdenes de captura).

A la fecha la OACP ha acreditado y notificado: 12.811 integrantes de las FARC (incluye guerrilleros, milicianos, extranjeros, Personas Privadas de la Libertad -PPL- y PPL en el extranjero), discriminados así:

9.574 guerrilleros y milicianos: (6.222 internos- 3.352 milicianos)

67 extranjeros 3166 PPL

4 PPL en el extranjero

Para la misma fecha, 232 personas acreditadas mediante resoluciones de la OACP están pendientes de ser notificadas, labor que se dificulta por la dificultad de ubicarlas físicamente, por lo cual se activó un plan de choque en conjunto con las FARC y la ONU para realizar las notificaciones pendientes, el cual se ejecutará en el mes de enero y febrero de 2019.

En total 13.043 integrantes de las FARC han sido acreditados por la OACP.

Hay 253 personas que están en observación, por la falta de certeza acerca de su pertenencia a las Farc, Estos casos están siendo analizados por el Comité Técnico Interinstitucional compuesto por el Gobierno y las Farc.

En reunión del 6 de diciembre de 2018 con el delegado de las FARC para los asuntos relacionados con PPL y el 21 de diciembre de 2018 en reunión del Comité Tripartito, se informó a las FARC que los PPL y Gestores que aún no han recibido los benéficos de libertad, están bajo la competencia de la rama judicial, razón por lo cual está fuera de la órbita funcional de la OACP el concederles dicha libertad. En total son 173 PPL y 25 Gestores de Paz quienes están pendientes de recibir los beneficios judiciales; igualmente, las 253 personas que se encuentran en observación y están pendientes de acreditación aún no han recibido el beneficio de libertad condicional: Sin embargo, ya se reactivó el procedimiento con el Comité Técnico Interinstitucional para resolver prontamente su estado de acreditación o no.

El listado de cerca de 1.000 personas al que hace referencia la ONU fue entregado posteriormente al 15 de agosto de 2017 fecha límite que acordaron el gobierno del Presidente Juna Manuel Santos y las Farc para entrega y recepción de miembros de dicha organización, razón por la cual la OACP perdió competencia legal para acreditar a estas personas.

EMILIO ARCHILA,

ALTO CONSEJERO PARA EL POSCONFLICTO

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