«El referendo para la justicia es una posibilidad, nada está descartado»: Gobierno

«Se está mirando qué es lo que más conviene al país y la viabilidad fe llevar a cabo una reforma a la Justicia sobre unos aspectos que ya están identificados que son las funciones electorales de las Cortes, una reforma en la enseñanza y en la practicidad del derecho y el fenómeno de la descongestión», dijo el ministro de Justicia Enrique Gil Botero.

BOGOTÁ COLPRENSA

El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, aseguró que el Gobierno Nacional no ha decidido si presentará un referendo para reformar la justicia, e indicó que será el Presidente de la República quien tome la decisión sobre el mecanismo final.

«Los mecanismos de participación ciudadana son muchos y dentro de ellos el referendo es una de las posibilidades o una de las probabilidades que tiene el señor Presidente, quien tendrá la última palabra porque igualmente se puede pensar en un acto legislativo que surta el mismo resultado», señaló.

Gil Botero sostuvo que no se ha descartado ninguna posibilidad y que si llegare a hacerse un referendo, el presidente tendría que evaluar los tiempos, teniendo en cuenta que la ley que se presente para convocarlo tendría que tener control previo en la Corte Constitucional. «No tengo idea de donde sale la idea del 10 de marzo. Esa del referendo es una opción más», aseguró.

«Se está mirando qué es lo que más conviene al país y la viabilidad fe llevar a cabo una reforma a la Justicia sobre unos aspectos que ya están identificados que son las funciones electorales de las Cortes, una reforma en la enseñanza y en la practicidad del derecho y el fenómeno de la descongestión», agregó.

Sobre el riesgo que una reforma a la Constitución se caiga en la Corte Constitucional como pasó con buena parte de la reforma de Equilibrio de Poderes, Gil Botero señaló que «el Gobierno cree en la institucionalidad».

Sobre si se descarta hacer una Asamblea Nacional Constituyente, el Ministro aseguró que «existen muchos mecanismos de participación ciudadana y no hay ninguno descartado. Es un abanico de posibilidades y dentro de ellos el referendo es uno más».

El Ministro de Justicia dijo que si se hace una reforma a la Constitución, se podría pensar en generar un acuerdo nacional para que la iniciativa empiece el trámite en este Gobierno en el Congreso y termine en el próximo en los aspectos sustanciales.

En todo caso, el funcionario dijo que ya empezó a socializarse la idea de una reforma pues se reunió la semana pasada con los presidentes de las altas Cortes y con la Corporación Excelencia en la Justicia, y se reunirá esta tarde con Dejusticia y mañana acudirá a la Sala Plena del Consejo de Estado.

«La reunión no versó sobre metodología sino sobre los aspectos sustanciales. Ya el mecanismo será la que diga el Presidente», agregó.

Gil Botero señaló que se debe atacar la crisis que hay hoy en la Justicia pues «cuando una sociedad no tiene confianza en sus jueces, la democracia está al borde del precipicio. Estamos mirando qué aspectos ameritan una reforma».

Precisamente, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, presentó el pasado 13 de septiembre un decálogo de medidas para que sean adoptadas por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, entre los cuales está un referendo.

«No creemos que en este grado de polarización la Constituyente sea una salida. Si se trata de convocar a la ciudadanía la vía adecuada sería un referendo, que pueda unir a los colombianos en torno a la necesidad de hacer una reforma a la justicia», concluyó.

LA PENA DEBE USARSE CON CUIDADO

Por otro lado en el acto de presentación del libro ‘La proporcionalidad de las penas en la legislación colombiana’, el Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, señaló que este trabajo es un paso significativo -no el único- para dar cumplimiento a la orden de la Corte Constitucional que establece la superación del estado de cosas inconstitucional en los establecimientos penitenciarios.

 “Estoy convencido que detectar y corregir las incoherencias e inconsistencias de nuestro sistema de penas en relación con la gravedad del delito es una contribución destacada en aras de lograr una política criminal racional”, afirmó el alto funcionario.

El libro es un estudio detallado del Código Penal en relación con la evolución que han presentado las sanciones que allí se prevén para las conductas definidas como delitos, y su objetivo es el de  proporcionar a los encargados de la política criminal del Estado una fuente de conocimiento cierta y lo más completa posible, ofreciendo respuestas más apropiadas para el control y prevención de comportamientos sociales problemáticos sin que ello implique una afectación de los derechos y garantías de la ciudadanía.

El jefe de la cartera de Justicia aseguró que confía en que el diagnóstico y análisis presentado en la obra pueda ser reconocido como un trabajo digno de ser consultado y analizado por los actores de la política criminal (jueces, legisladores, juristas y académicos). “El libro no es solo un inventario con un nivel de detalle significativo; también es un ejercicio de autocrítica. Un primer paso para tomar conciencia de que la forma en que se ha venido construyendo la política criminal en nuestro país -en este caso en materia legislativa- ha sido antitécnica, reactiva y de bajo impacto”, dijo.

Los resultados que exhibe la obra confirman la tendencia del endurecimiento legislativo del derecho penal. Por ello Gil Botero aseguró que se debe aprovechar la infraestructura institucional que en el último tiempo se ha venido consolidando para realizar un monitoreo constante de las reformas penales. “Esta infraestructura debe ser el soporte para modificar el paradigma de la forma en que se han adelantado las reformas penales en el último tiempo”, añadió.

El Ministro reiteró que la proporcionalidad no solo se reduce a cuánto castigo merece determinado delito, sino que también incluye la cuestión de si un comportamiento debe ser considerado grave, de tal forma que deba ser comprendido como delictivo. Además, aseguró que la crisis que se vive en el sistema penal no se puede reducir únicamente a un problema de hacinamiento, cupos e infraestructura. “Soy consciente de que el problema de la proporcionalidad no es un asunto sencillo, y que no hay fórmulas matemáticas que permitan reducir su complejidad”, indicó.

La intervención del alto funcionario concluyó reconociendo el trabajo que han venido desarrollando el Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa y la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria.