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En un hecho sin precedentes en la Corte Suprema de Justicia, esta noche se le pidió la renuncia al magistrado de la Sala Penal Gustavo Malo Fernández, ante el incremento de los señalamientos en su contra y las consecuencias para la credibilidad de la Justicia.
Electo por la propia Corte Suprema, de terna enviada por el Consejo Superior de la Judicatura, el cartagenero Malo Fernández está envuelto en una verdadera encrucijada y en medio del peor escenario de corrupción que ha tenido que afrontar la justicia colombiana tras descubrirse que se pagaban millones para direccionar procesos en el alto tribunal.
Malo Fernández, quien termina periodo en el año 2020, escuchó esta mañana cómo sus sus propios compañeros de la Sala Penal le pedían dar un paso al costado, pues le perdieron confianza tras estallar el escándalo que tiene en sendas investigaciones a los expresidentes Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, a los abogados Camilo Tarquino, Leonardo Pinilla y Luis Gustavo Moreno, a los senadores Musa Besaile, Hernán Andrade y al exgobernador Luis Alfredo Ramos.
Sus compañeros le exigieron respuestas, luego que Besaile confesara que pagó 2000 millones de pesos al abogado y exfiscal Moreno para frenar una orden de captura en su contra en el proceso por ‘parapolítica’.
Esto, porque Malo Fernández es el ponente del caso desde el 2014 y el pago de Besaile se registró en el 2015 como un soborno de Moreno, a nombre del magistrado Leonidas Bustos, según la versión del propio senador cordobés. Esto motivó que la Red de Veedurías ciudadanas lo denunciara ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que este martes ya lo vinculó formalmente con una investigación previa y ahora que la propia Sala de Instrucción que lleva el caso, le compulsara copias.
«Con los hechos delictivos aquí investigados, el presunto pago que hizo el senador Musa Besaile de 2000 millones de pesos para impedir, al parecer, que se librara una orden de captura en su contra, podría resultar comprometido el doctor Gustavo Enrique Malo Fernández, magistrado a cargo del expediente 27.700 contra Musa Besaile, se ordena remitir a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes los testimonios recibidos en esta actuación Ana María Erazo y José Reyes Rodríguez, para la iniciación de la investigación penal que haya lugar o para que hagan parte de la que eventualmente allí se haya comenzado», dice el auto de compulsa de copias.
EL TESTIMONIO QUE LO ENLODA
De los testimonios que ha recibido la Sala de Instrucción, hasta el momento solo el de Reyes, quien fuera su magistrado auxiliar, señala directamente a Malo, pues ni Musa Besaile ni Lyons lo señalan.
Reyes aseguró a la Corte que consideró que había elementos para dar apertura formal en contra de Besaile y que mantenía constantemente informado a Malo del avance del caso, sin que finalmente sucediera nada al respecto.
Reyes aseguró a la Sala de Instrucción que él cree que su salida de la Corte se debió a que «se convirtió en una piedra en el zapato» en ese proceso.
LOS PROCESOS QUE LLEVA MALO
Pero el Magistrado Malo Fernández no solo llevaba el caso del senador Musa Besaile, pues actualmente lleva 20 de los 91 procesos por parapolítica que tiene la Corporación en contra de congresistas, excongresistas y mandatarios locales.
Tiene, por ejemplo, la investigación contra Julio Manzur Abdala, que está para alegatos finales en la Corte y sobre el cual también hay sospecha luego que el hijo de Manzur asegurara que Moreno le pidió primero 600 y luego 2000 millones para representarlo, con la garantía de que iba a lograr un resultado positivo.
También tiene una investigación preliminar contra el senador Álvaro Uribe Vélez, contra el detenido exsenador Otto Bula, contra Piedad Córdoba, los representantes Jaime Armando Yepes Martínez y José Ignacio Mesa, así como los excongresistas Eleonora Pineda, Rocío Arias y Miguel de la Espriella, excongresistas.
En investigación preliminar igualmente Malo lleva procesos en contra de los congresistas José Obdulio Gaviria, Humprey Roa Sarmiento, Cristóbal Rodríguez Hernández, Juan Samy Merheg Marun y Alfredo de Luque Zuleta.
Igualmente, adelanta proceso en contra de los excongresistas Juan de Jesús Córdoba Suárez, Gustavo Hernán Puentes Díaz, Jhon Jairo Roldán Alvedaño, Hernando Hernández Tapasco, Germán Antonio Aguirre Muñoz, Carlos Alberto Zuluaga Díaz, Ramón Elejalde Arbelaéz y Cesar Pérez García, todos estos casos por denuncias que alegaban la existencia de supuestos vínculos con grupos ilegales.
Por otro lado, el magistrado Malo lleva tres procesos relacionado con la Dirección Nacional de Estupefacientes: uno contra los exsenadores Javier Cáceres, Miguel Pinedo Vidal y Omar Yepes Alzate.
LA MALA HORA
Al escenario de silencio de Malo se sumó la creciente investigación que adelanta la Fiscalía en contra de su hija, Yara Malo, por ingresar a la Fiscalía General suplantando a una persona supuestamente para recoger cuotas de dinero.
La Fiscalía anunció que le imputará cargos por extorsión agravada por pedir el 20 % de su sueldo a una fiscal adscrita a la seccional de Bogotá, a cambio de no ser trasladada, en hechos ocurridos el 26 de diciembre de 2016
Malo Fernández, abogado de la Universidad de Cartagena y especialista en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, fue juez de instrucción criminal y magistrado del Tribunal Superior de Cartagena y presidente de la Sala Penal de la Corte en el 2016.
No obstante, en 2014, su nombre resaltó cuando de manera sorpresiva y en plena audiencia, tuvo que declararse impedido en el juicio contra la exsenadora Piedad Zuccardi por presuntos vínculos con grupos paramilitares.
En audiencia preparatoria, mientras se iban leyendo los nombres de las personas que iban a declarar por la Corte, se escuchó que su hermana, Gloria Malo Fernández era llamada a declarar, hecho que motivó una suspensión de la audiencia y a declararse impedido. Esto además causó molestia, debido a que en teoría el magistrado Fernández debía conocer el contenido del auto de decreto de pruebas.
Ahora, dependerá de Malo decidir si renuncia o no. Si no lo hace, la Sala estudiará qué hacer con los procesos a su cargo.
Tomado de Colprensa