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Los ‘falsos positivos’, la entrada en funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz y las sanciones efectivas que impondrá dicha justicia, son algunas de las preocupaciones que le ha manifestado al Gobierno Nacional la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, en su visita oficial al país.
Bensouda ha sostenido reuniones con el Presidente de la República, el Fiscal General y el Ministro de Justicia, y las mismas se han cumplido en total hermetismo. A pesar de esto se ha conocido que en estas reuniones se trataron temas relacionados con el avance de la implementación del Acuerdo de Paz y de las investigaciones internas de graves crímenes cometidos en el marco del conflicto como el homicidio, el desplazamiento forzado, el reclutamiento ilícito y la violencia sexual.
El Ministro de Justicia, Enrique Gil, dio a conocer que la Fiscal Bensouda transmitió algunas preocupaciones sobre “los ‘falsos positivos’ y lo que tiene que ver con la implementación de la Paz y de la Ley Estatutaria de la JEP”. En específico, la preocupación es la demora en la entrada en vigencia de la JEP y sobre la participación de las víctimas en el proceso.
Ante este tema Gil Botero aseguró que el Gobierno está trabajando para que cuando se apruebe la reglamentación de la JEP y se designen los magistrados de la misma, se pueda poner en marcha esa jurisdicción en un lapso de un mes y mientras la Corte Constitucional hace la revisión de esa ley estatutaria.
Otra de las preocupaciones de la Fiscal Bensouda tienen que ver con las sanciones restrictivas de la libertad que impondrá la JEP en algunos casos y sobre cómo quedó la responsabilidad de mando en el acuerdo y sus leyes reglamentarias.
“Lo manifestó como una inquietud y frente a esa inquietud se le explicó cuál es el contenido de lo que es la función restrictiva de la libertad. Ella señaló gran interés por colaborar, dar su consejo y ofrecer sus servicios de manera positiva y constructiva y felicitó lo que se ha logrado en materia de paz”, dijo.
LOS FALSOS POSITIVOS
Sobre el tema específico de las ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por integrantes de la Fuerza Pública, el Gobierno le explicó a Bensouda que se han condenado a 1414 personas por casos presentados entre el 2008 y el 2016.
“Hay 1242 sentencias condenatorias por lo que se denominado ‘falsos positivos’. Es decir, una justicia que está actuando, que no se ha suspendido”, dijo el Ministro quien agregó que hace dos años a Bensouda le fueron entregados un cúmulo de condenas dictadas por la Justicia Administrativa.
Tomado de Colprensa