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La petición de que sean incluidos en la Jurisdicción Especial para la Paz la basan partiendo del hecho de que el narcotráfico fue declarado como delito conexo de la rebelión y del que dicen que fue uno de los principales financiadores del conflicto nacional.
Amnistía para la extradición, segunda instancia para procesos de extradición e Inclusión en la JEP son los tres puntos que los llamados extraditables plantean en una carta firmada desde el patio de máxima seguridad de La Picota. El documento, según ellos, tiene como objetivo presentar una “propuesta para la construcción de una paz estable y duradera en Colombia”.
La petición de que sean incluidos en la Jurisdicción Especial para la Paz la basan partiendo del hecho de que el narcotráfico fue declarado como delito conexo de la rebelión y del que dicen que fue uno de los principales financiadores del conflicto nacional.
“Por lo tanto, solicitamos a la Justicia Especial para la Paz (JEP) incluir a todos los colombianos solicitados en extradición por haber actuado como terceros financiadores de la guerra. Queremos contar la verdad de la guerra en Colombia para que como sociedad podamos construir una paz estable y duradera”, reza un aparte del comunicado.
Desde su punto de vista, parte de las soluciones a los diferentes problemas sociales que se ven en el país está en manos de estas personas que están próximas a ser enviadas a cortes extranjeras para que respondan por delitos relacionados con el narcotráfico.
En la misiva aclaran que con la solicitud para que sus expedientes sean analizados por los magistrados del Tribunal de Paz no buscan evadir la acción de la justicia nacional.
Adicionalmente, proponen una amnistía para la extradición argumentando que la misma “puede ser atractiva para que quienes actualmente huyen de la justicia, se sometan y cooperen con la desarticulación de sus estructuras de narcotráfico”.
La otra proposición gira en torno al escenario de que se cree una segunda instancia para el proceso de extradición y plantean que se revisen las actuaciones procesales en el trámite de la extradición.
“No puede la extradición seguir dependiendo únicamente del concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia que la concede sin hacer la más mínima evaluación de pruebas”, precisa el documento.
BOGOTÁ COLPRENSA