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Ricardo Torres, gerente de Aguas del Magdalena.
La investigación está relacionada con la optimización y ampliación del sistema de acueducto del municipio de la Zona Bananera.
La Contraloría General de la República estableció hallazgos fiscales por posible detrimento patrimonial por un valor de $708.770.136 pesos en Aguas del Magdalena en virtud del Contrato de Obra Número CO-002-2011 cuyo objeto fue la optimización y ampliación del sistema de acueducto del municipio de la Zona Bananera, específicamente en las áreas de Río Frío, Prado Sevilla, Soplador y la Gran Vía.
Los investigadores de la Contraloría encontraron que el detrimento se origina por la existencia de mayor valor pagado en el ítem pavimento en concreto asfáltico compactado y plantilla de nivelación, según la Contraloría correspondientes a los capítulos línea de impulso de pozos a tanque almacenamiento, retro distribución acueducto y construcción caseta de bombeo, generando su posible detrimento parte mundial por dicho valor.
En virtud de lo anterior, la Controlaría dijo que “lo anterior refleja debilidad en los procesos y procedimientos de la etapa de planeación y contractual al igual que un deficiente seguimiento por parte del interventor y la supervisión técnica en cabeza de Aguas del Magdalena S.A. E.S.P”.
Por lo tanto, se configura un presunto detrimento fiscal dado que la inobservancia la normatividad jurídica y técnica mencionada presuntamente se constituye en una gestión fiscal antieconómica, ineficaz ineficiente; por otra parte teniendo en cuenta que los hechos evidenciado consecuencia de acciones u omisiones que redundan en detrimento del partido en el público e implican el desconocimiento de los principios que regulan la contracción contratación estatal se constituye como observación con presunta incidencia disciplinaria.
Por consiguiente, establece la Contraloría, “la observación es consecuencia de la falta aplicación de los principios de la función administrativa, así como de la inobservancia de los principios de la contratación pública de economía y responsabilidad por parte de la entidad contratante, asimismo por debilidades en la ejecución, imputables al contratista y fallas en el control y seguimiento al contrato por parte del interventor”. Y respecto al centro nucleado de Río Frío la Contraloría General de la República configura una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria fiscal por valor de 656. 759.402 pesos.
LA RESPUESTA DE AGUAS
Ante estos hechos, el Gerente de Aguas del Magdalena, Ricardo Torres, en contestación a la Contraloría General, anunció “medidas frente al posible detrimento patrimonial y referente a los hallazgos considera que le asiste la razón al órgano de control y ordena el pago de dichos valores pagados en anteriores administraciones al contratista, a efectos de que se desparezca el detrimento patrimonial”.
“En virtud de la observación realizada y como quiera que los sobrecostos, para su configuración, requieren que la desproporción con los precios promedio del mercado no solo estén presente en uno solo de los ítem, sino que requieren que el desequilibrio sea frente a la totalidad del contrato, esto es, luego de balancear los ítems elevados con los que contienen sub precios, Aguas del Magdalena S.A E.S.P ordenó una revisión exhaustiva de todo el presupuesto del contrato de Obra No CO-002-2011, con la finalidad de determinar con exactitud el grado de desproporción que pueda existir”, manifestó el Gerente.
Así las cosas,” hasta el momento se ha corroborado el error generado en la etapa de formulación del proyecto, en los términos indicados por la contraloría, concretamente en la unidad de medida de los ítems contractuales Pavimentos en concreto asfáltico e= 5 cm (compactado) y plantilla nivelación de piso, pues el APU del proyecto hace el análisis en la unidad M3, sin embargo su unidad de medición final es M2, lo que ocasionó confusión al momento de calcular en campo las cantidades de obra y elaborar las respectivas actas parciales”, señaló.
No obstante lo anterior, la Gerencia de Aguas del Magdalena “adoptará de manera inmediata las medidas administrativas necesarias tendientes a evitar el presunto detrimento patrimonial predicado por la Contraloría General de la República en sus observaciones, y teniendo en cuenta que el contrato a la fecha se encuentra vigente y en ejecución, ha ordenado la revisión integral de los precios contractuales y los posibles ajustes y/o compensaciones a que haya lugar, en un tiempo no superior a un mes” indicó Ricardo Torres.