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La inseguridad es sin duda ninguna, además de un grande desafío que debe y tiene que ser compartido, una talanquera para el desarrollo social, humano y para el crecimiento económico, y no basta para su intervención, medidas de control del delito, sino adaptar y adoptar políticas dirigidas a potenciar la calidad de vida de la población, como también medidas de prevención de delitos y violencias a través de positivas inclusiones, una justicia eficaz, el concurso de todas las entidades de seguridad y aumentar la convivencia social en todos los niveles de la población.
La percepción de seguridad va en aumento, lo que preocupa en mucho a la ciudadanía, constituyéndose en un tema crítico y trascendental ya que trunca toda posibilidad de avance; y si bien no hay solución milagrosa, si hay posibilidades de control de existir visión, voluntad y decisión política, lo mismo que propugnar por la realización de acuerdos entre gobierno, partidos políticos y sociedad civil, a efecto que la misma no se politice y sea sí política de Estado. No es posible seguir soportando, como lo padecemos a diario, violencias y delitos de todo tipo, requiriéndose en manera urgente un enfoque que proteja el derecho a una vida digna y a la integridad física y material, fundamentos de la seguridad ciudadana, que es un bien público que debe cobijar a todas las personas.
No podemos perder de vista que la inseguridad impacta negativamente a las personas, la cohesión social, las instituciones democráticas y el potencial económico de la región, generando costos que en mucho afectan la economía ya que los gastos públicos como consecuencia del delito se elevan considerablemente.
De ahí que entre otros particulares y generales aspectos, entrañe mejorar la seguridad ciudadana teniendo en exacta cuenta las reales necesidades y demandas puntuales de la comunidad, en lo que importa la observancia de medidas encaminadas a reducir delitos y violencias; crear políticas públicas orientadas a proteger a las gentes mayormente afectadas; emprender acciones de prevención fomentando el desarrollo social, humano e integral prosperidad, así como un crecimiento económico incluyente, equitativo y con calidad; aminorar lo más posible la impunidad en todos sus aspectos, robusteciendo en un todo las instituciones de seguridad y justicia; incrementar y ampliar en gran medida la participación activa de la sociedad en general en la construcción de la seguridad ciudadana; multiplicar en contexto de viabilidad y factibilidad las oportunidades reales de desarrollo para los jóvenes; de la misma manera, atender y prevenir de modo integral la violencia de género; salvaguardar los derechos de las víctimas; regular y en lo posible buscar con campañas pedagógicas eficaces lograr reducir los llamados disparadores de delitos (alcohol, drogas y armas), desde una vista integral y de salud pública, en lo que interesa una coherente estructuración de los distintos mecanismos de coordinación y evaluación.
rubenceballos56@gmail.com *Jurista