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Hace pocos días, el Consejo de Política Económica y Social (Conpes) autorizara a la Nación a darle una garantía a Electricaribe para que tome créditos con la banca por $730.000 millones. Esto, con el objetivo de tener un plan de inversiones a ser ejecutado en los próximos 12 meses y mejorar así la calidad del servicio en la región, el cual presenta deficiencias en su operación.
Gas Natural Fenosa elevó una demanda internacional contra Colombia, con la que alega que hubo una expropiación de su filial de comercialización de energía en la costa Caribe.
El Grupo español Gas Natural Fenosa que expolió las finanzas del Estado colombiano tras saquear a la empresa Electricaribe a través de los subsidios que le giraba la Nación que de acuerdo con las investigaciones fiscales adelantadas por la Contraloría General de la República ascienden a más de 300 mil millones de pesos; pretende ahora que el país le pague 1.626 millones de dólares por haber tomado posesión de la empresa la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
La multinacional española Gas Natura Fenosa, que cambió su nombre a Naturgy, decidió aumentar sus pretensiones de 1.300 millones de dólares a unos 1.626 millones dólares, la demanda que instauró ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (Uncitral), por la intervención de la distribuidora de energía Electricaribe.
El aumento en las aspiraciones ante dicho tribunal se dio hace aproximadamente un mes, cuando el 15 de junio vencía el plazo para que la multinacional presentara el alegato detallado de la acción judicial que interpuso cuando la Superintendencia de Servicios Públicos intervino a la compañía.
Gas Natural Fenosa, que sigue buscando un arreglo con Colombia a través del diálogo y así lo ha dicho en comunicados de prensa, se acercó al Gobierno para plantearle que, ante la cercanía de las elecciones presidenciales, se extendiera de común acuerdo dicho plazo en seis meses, en aplicación de las normas de la Uncitral para este tipo de diferencias.
Entre los argumentos de la española también apareció el análisis de la nueva regulación tarifaria por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), pero la respuesta del Gobierno, impulsado por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, fue un rotundo no.
EN REPRESALIA
Ante esto y luego de que el 13 de junio el presidente Juan Manuel Santos anunciara que en julio comenzaba la búsqueda de un nuevo inversionista, tras recibir las recomendaciones de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), Gas Natural Fenosa en represalia presentó su alegato detallado, cuyos insumos vienen desde antes de la intervención por parte del Gobierno, cuando ante diversas autoridades planteó salidas para problemas de fondo como el fraude, incluso en sectores pudientes de las ciudades en las que opera.
Mientras tanto, el Gobierno actual intenta quemar sus últimos cartuchos, y está buscando esta semana constituir una Junta Consultiva en el Fondo Empresarial de la Superservicios, por cinco años, para el caso de Electricaribe
Lo anterior como parte de dos contratos de garantía, cada uno por 320.000 millones de pesos, que avaló el Conpes ya fueron aprobados para la compañía, el último de los cuales iba a quedar firmado el 11 de julio, según la Superintendente de Servicios Públicos, Rutty Paola Ortiz, pero a la fecha el decreto respectivo no ha sido firmado.
COLOMBIA LE DIO LA RAZÓN A LOS DUEÑOS
Sin proponérselo, el Gobierno nacional terminó dándole la razón a los dueños de Electricaribe cuando expidió el nuevo marco regulatorio del sector que tanto reclamaba el grupo español Gas Natural Fenosa.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) aprobó la Resolución Creg030 de 2018 CREG 030 de 2018, la cual define un mecanismo fácil y sencillo para que los usuarios residenciales de todos los estratos, así como los comerciales y pequeños industriales, produzcan energía principalmente para atender sus propias necesidades y puedan vender los excedentes al sistema interconectado.
Alejandro Lucio Chaustre, director de la asociación colombiana de energías renovables SER, ha valorado de manera muy positiva la nueva reglamentación. “Desde la Asociación valoramos de manera muy positiva la expedición de esta reglamentación. En esta se definen los procesos simplificados de conexión para proyectos de autogeneración y generación distribuida, se establecen las reglas para la comercialización de energía excedentaria, se dan instrucciones para el oportuno trámite de conexiones así como la publicación de la disponibilidad de capacidad de conexión en la red por parte de los distribuidores. En general, vemos que la expedición de esta reglamentación despeja el camino para que en Colombia la autogeneración a pequeña escala sea una realidad en el corto plazo. Por supuesto hay temas que creemos susceptibles de mejora, pero entendemos que estamos en una transición, en general sin embargo vemos de manera muy positiva esta definición de carácter regulatorio”, señaló. Esa nueva norma era reclamada por los españoles y no se hizo en tiempo. Y ahora que fue expedida, la utiliza Gas Natural Fenosa para contra atacar al Estado colombiano diciéndole al Tribunal de Arbitraje que sí era posible un nuevo marco regulatorio y se lo negaron para poner en desventaja y en condiciones financieras extremadamente grave a la empresa Electricaribe
LOS TÉRMINOS DE LA DEMANDA
La demanda del grupo Gas Natural Fenosa está en el Tribunal de Arbitramento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi). Es un documento de 39 páginas donde los españoles dejaron consignado que el Estado colombiano violó el Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones, firmado en 2007 por Colombia y España.
Explica Gas Natural Fenosa que Electricaribe tuvo aproximadamente 2,6 millones de clientes en los departamentos La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba, y el 80 % de ellos pertenecían a los estratos más bajos
En sus argumentos, los españoles dicen que desde el comienzo de la operación lo más difícil que debieron sortear fue el de enfrentar las conexiones eléctricas ilegales y la falta de pago de las facturas por parte de sus clientes. ´Los usuarios no tienen cultura de pago y así no se puede sostener la compañía´, agregaron
Gas Natural Fenosa culpa al Estado colombiano de ´fomentar´ esa cultura de no pago y protegió al 10% de sus clientes que se conectaron de manera ilegal y ponen como ejemplo, que ni si quiera las instituciones públicas, como alcaldías, colegios, hospitales y demás, pagan el servicio de energía, debiéndoles a corte del 31 de diciembre de 2016 aproximadamente US$700 millones por energía que consumieron pero que no pagaron”, dice la demanda.
Uno de los puntos que con más énfasis destacaron los españoles en su demanda es precisamente el hecho de que el Estado no persiguiera a quienes se robaban la energía, y la hostilidad, que según ellos le declararon algunas autoridades y prominentes figuras públicas de la región y el país y mencionan el caso específico del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, de quien recogieron una declaración en la que dijo: “Yo quiero tirar piedra en las manifestaciones contra Electricaribe”. Con esta clase de afirmaciones de una autoridad pública se alentó a los usuarios a no pagar la energía y a conectarse de manera irregular, elevando la animadversión contra la compañía y sus bienes.