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Carlos Palacino, expresidente de Saludcoop, llamado a juicio por la por la presunta apropiación de recursos de salud que ascenderían a 700.000 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a Carlos Palacino, ejecutivo y exrepresentante legal de Saludcoop EPS quien es investigado por la por la presunta apropiación de recursos de salud que ascenderían a 700.000 millones de pesos.
Palacino, quien se encuentra recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, es procesado por el presunto delito de peculado por apropiación a favor de terceros.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, el dinero desviado fue producto de recursos provenientes de la unidad de pago por captación y de rentas parafiscales entre los años 2000 y 2004.
El ente acusador indicó que los recursos que debían usarse para más de siete millones de usuarios de las EPS «se habrían desviado para incrementar el patrimonio personal de Saludcoop, dicho dinero se habría usado en inversiones nacionales, inversiones en México y Ecuador, la adquisición de planta y equipo, inversiones permanentes, préstamos a socios y trabajadores además del pago de deudas».
“El dinero de la salud tiene destinación específica y está orientado a la atención de los usuarios y la ejecución de campañas de prevención, es decir, únicamente a la cobertura de los planes de beneficios pos o pos subsidiado”, dijo el ente acusador.
En este caso, en una investigación hecha por la Superintendencia Nacional de Salud se encontró que 240 personas, supuestamente mayores de edad, estaban registrados en el sistema de la entidad con tarjetas de identidad y registro civil. Por estos hechos habrían cobrado 70 millones de pesos. Del mismo modo, hallaron 150.944 beneficiarios que no coincidían con el apellido de su progenitor, por lo que habrían cobrado 4000 millones.
Igualmente, más de 149.000 personas fueron halladas sin tener registrado el apellido de la madre. Esto, según la Fiscalía, habría costado una suma cercana a los 4000 millones de pesos.
Sin embargo, lo que más llamó la atención de las autoridades fueron los 837 usuarios hombres que estaban registrados como mujeres y por esto cobraron 200.000 millones de pesos.
Por último, la investigación reportó que habían irregularidades en 3713 cédulas. Al parecer, se trataban de personas fallecidas.
BOGOTÁ COLPRENSA