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“Estamos muy preocupados por lo que pasa, van 33 asesinatos en lo que va corrido de este año, por eso se reunirá la comisión para evaluar la situación y tomar nuevas medidas de seguridad”, dijo el ministro del Interior, Guillermo Rivera.
Los asesinatos de líderes sociales motivó la convocatoria, para el próximo martes, de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la cual contará con la participación del presidente de la República, Juan Manuel Santos. En esta reunión se buscará adoptar nuevas medidas de protección para los líderes sociales.
“Estamos muy preocupados por lo que pasa, van 33 asesinatos en lo que va corrido de este año, por eso el martes se reunirá la comisión para evaluar la situación y tomar nuevas medidas de seguridad”, dijo el ministro del Interior, Guillermo Rivera.
Rivera indicó además que ese día se formalizará la entrada en vigencia de un decreto especial de seguridad colectiva, para lo cual ya se han dispuesto de cuatro planes pilotos que señaló “se han construido entre la comunidad, las autoridades, los alcaldes, los gobernadores y el Ministerio del Interior. La idea es que la propia comunidad defina parte de esa estrategia de seguridad”, señaló el jefe de la cartera política.
Entre las recomendaciones, propuestas por las comunidades, y que han acogido según el ministro Rivera, está la de mejora el alumbrado público en lugares donde residen o trabajan los líderes amenazados, instalar antenas para mejorar la comunicación, en especial de los celulares, porque en muchas regiones no existe la telefonía.
Insistió el ministro que entre las primeras hipótesis que se evalúan sobre las muertes, es que las amenazas se han dado por el liderazgo que ellos realizan desde sus comunidades por el trabajo social.
Rivera manifestó que este modelo de protección colectiva entrará en marcha rápidamente, y precisó que los mismos esperan sean replicados tras evaluar los resultados positivos.
El ministro también se refirió a los reclamos que se han hecho desde la Colombia Humana, el partido político del excandidato Gustavo Petro, desde donde se ha manifestado sobre las muertes recientes y que -dicen- han cobrado la vida de integrantes de esa colectividad, las mismas que han calificado como una directa persecución. “Atendimos a un equipo de dirigentes, también al concejal Holman Morris, quienes se reunieron con el director de la Unidad Nacional de Protección y analizaron las amenazas a sus dirigentes”.
Rivera consideró que la seguridad de los dirigentes sociales es el principal problema que deberá enfrentar el nuevo gobierno, y que así se ha explicado al interior del proceso de empalme que se ha dado. Cauca, Nariño, Bajo Cauca, Bajo Atrato y Catatumbo y Norte de Santander, son las regiones con más riesgo, declaró.
Por su parte, el Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación General del Trabajo expresó su preocupación “por el alarmante incremento del genocidio de dirigentes sociales en diferentes regiones del país” y le exigió a la Fiscalía, a la Policía Nacional, a la Unidad Nacional de Protección y demás entes de seguridad “redoblar sus esfuerzos para garantizar la vida de quienes luchan por la defensa de los derechos humanos y lograr la reconciliación de los colombianos”.
BOGOTÁ COLPRENSA