¿Qué es la jurisdicción agraria y por qué es clave para el campo colombiano?

Tras cuatro jornadas de debate, las Comisiones Primeras conjuntas del Senado y la Cámara aprobaron este martes el proyecto de ley que reglamentará la Jurisdicción Agraria y Rural, un mecanismo diseñado para resolver disputas sobre tenencia y uso de tierras en el campo colombiano.

Impulsado por los ministerios de Justicia, Agricultura e Interior, el proyecto propone la creación de jueces especializados en conflictos agrarios, con el objetivo de agilizar procesos y garantizar soluciones efectivas y equitativas para las comunidades afectadas. Ahora, el proyecto pasará a las plenarias para su debate final.

JUSTICIA EFECTIVA PARA EL CAMPO

La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, destacó el impacto de esta decisión: “La importancia de la Jurisdicción Agraria es hacer realidad el marco de la Ley Estatutaria, poniendo a disposición de la comunidad jueces agrarios, competencias claras y jurisdicciones que son fundamentales en debates que han generado conflicto social en muchos territorios”.

Además, subrayó que la aprobación refleja «el diálogo, la construcción colectiva y los consensos alcanzados entre las diferentes bancadas».

Por su parte, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, calificó la aprobación como un momento histórico: “Negar la justicia para el campo es seguir sometiéndonos al vaivén de la guerra. Aquí está la posibilidad de que esta Colombia sea distinta, de hablar de una Colombia en paz y potencia agroalimentaria”.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, señaló que “con este logro avanzamos hacia la creación de los primeros jueces especializados en conflictos agrarios. Garantizar los derechos del campesinado, las comunidades étnicas y las mujeres rurales es un compromiso clave del Acuerdo de Paz”.

PRINCIPIOS Y REGULACIONES

El Estado deberá reglamentar el funcionamiento de la Jurisdicción Agraria y Rural a través de leyes que definan la estructura de los juzgados y tribunales, sus competencias y los principios que regirán su actuación.

Estos principios incluirán justicia social agraria, protección de la producción agrícola y la asociatividad, así como la función social y ecológica de la propiedad.

Uno de los elementos clave será garantizar que cualquier campesino o miembro de comunidades étnicas cuente con defensa técnica gratuita, eliminando barreras de acceso a la justicia.

También se permitirá la flexibilidad probatoria, para que los afectados puedan utilizar diferentes medios para demostrar sus derechos en las disputas agrarias.

IMPACTO EN LAS COMUNIDADES RURALES

“El establecimiento de esta jurisdicción busca eliminar las barreras que enfrentan las comunidades rurales para acceder a la justicia, reconociendo la especial protección que merecen campesinos y grupos étnicos”, señala el documento oficial del proyecto.

Según el Gobierno, la Jurisdicción Agraria y Rural representa una herramienta para transformar las relaciones sociales y económicas en el campo, reconociendo las dificultades históricas que enfrentan las comunidades rurales para acceder a la justicia.

Con este sistema, se espera fortalecer la confianza en las instituciones y fomentar la solución pacífica de los conflictos agrarios.

La propuesta ha sido considerada un logro del campesinado, que por años ha demandado atención a sus necesidades específicas en materia de justicia.

Con la implementación de esta jurisdicción, el Gobierno aspira a reducir los conflictos en la ruralidad y garantizar una protección integral a quienes dependen del campo para su subsistencia.

BOGOTÁ, (Colprensa).-