Ángela Cedeño defiende legitimidad de su elección como presidenta de la Asamblea

La Asamblea del Magdalena sigue envuelta en controversia tras el incidente de desacato presentado por la diputada María Margarita Guerra,  quien busca anular la elección de la mesa directiva para el periodo 2025.

Guerra, quien aspiraba a la presidencia de la corporación, argumentó que el proceso electoral vulneró derechos fundamentales y, por ello, presentó una tutela solicitando el respeto al debido proceso. Al mismo tiempo, envió una carta a la Procuraduría en la que busca limitar la vigilancia judicial sobre el caso.

En respuesta a estas acusaciones, Ángela Cedeño, presidenta electa de la Asamblea del Magdalena por el Centro Democrático, defendió la legalidad de su elección. Cedeño destacó que su nombramiento fue completamente conforme a la Ley y al Reglamento de la corporación, subrayando que la tutela es un mecanismo residual y subsidiario, solo aplicable cuando no existe otra vía jurídica para proteger los derechos involucrados.

La presidenta electa aclaró que, en caso de que su elección fuera impugnada, el único medio procesal que podría anularla sería una acción de nulidad electoral ante la jurisdicción contenciosa administrativa, no una tutela. Afirmó que aquellos que sugieren que un juez de tutela tiene la capacidad para anular una elección de mesa directiva están equivocados, ya que las competencias del poder judicial están claramente definidas por la Ley.

Cedeño también indicó que actualmente se encuentra en proceso de empalme para asumir la representación otorgada por la mayoría de los diputados.

Por su parte, la diputada Marta García respaldó las declaraciones de Cedeño, reafirmando que es incorrecto sugerir que entidades como la Fiscalía o la Procuraduría tienen facultades para anular la elección de una mesa directiva. Según García, esa potestad corresponde exclusivamente a la jurisdicción contenciosa administrativa, a través de una demanda de nulidad electoral.