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Defensoría advierte sobre crisis de orden público en Putumayo, Caquetá, Cesar y Guaviare
La primera semana de diciembre estuvo marcada por el deterioro de la situación de orden público en cuatro departamentos. Masacres, desplazamientos y secuestros fueron ley en Putumayo, Caquetá, Cesar y Guaviare. Una ola de violencia por la que la Defensoría del Pueblo pidió a los grupos armados respetar los principios de proporcionalidad y distinción hacia la sociedad civil, y al Gobierno reactivar las mesas de diálogo con el ELN y las disidencias de ‘Calarcá’.
La defensora Iris Marín mostró su preocupación por las graves vulneraciones de estructuras organizadas «que continúan afectando tanto a las comunidades de esos departamentos como de otras regiones de Colombia».
El recuento de las afectaciones por el que encendió las alarmas incluye el saldo de 11 personas muertas por enfrentamientos entre las disidencias de alias ‘Calarcá’ y el grupo ‘Comandos de la frontera’, dos facciones residuales de las extintas Farc que se disputan el control territorial.
También el secuestro «de mujeres entre octubre y noviembre del año en curso en los municipios de Cartagena del Chairá y El Paujil, en Caqueá. Una de ellas se encuentra en estado de embarazo», informó el Ministerio Público.
A la lista se suma otro secuestro, el de siete miembros del Frente 19 del Estado Mayor Central, uno de ellos menor de edad, a manos del ELN, grupo que, tras desarmarlos, los trasladó a un destino desconocido. El crimen ocurrió en Cesar, en la Serranía del Perijá, el 24 de octubre pasado.
A pocos kilómetros de distancia, en el municipio de La Paz, zona roja por la presencia de estos grupos armados, dos adolescentes fueron retenidos por el Frente 19, acusados de robo a ganaderos y campesinos.
Y en Guaviare, cuatro personas fueron masacradas en Puerto Cumare, el pasado 2 de diciembre. Una de las víctimas era un psicólogo del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar.
«Ante estos hechos, ocurridos en tan poco tiempo, les exijo a los grupos armados ilegales respetar el derecho internacional humanitario (DIH), en particular los principios de precaución, proporcionalidad y distinción respecto de los civiles y de las personas que han dejado de participar directamente en las hostilidades», reclamó Marín.
La cabeza del Ministerio Público también pidió a las autoridades tomar cartas en el asunto y, además de investigar los hechos, ofrecer rutas de respuesta para proteger a las poblaciones más vulnerables: mujeres, niños y líderes sociales, del accionar violento de los grupos no estatales.
Finalmente instó al Gobierno a insistir en las negociaciones con estas estructuras, poniendo sobre la mesa dos puntos condicionales: el respeto por los derechos humanos y las normas del Derecho Internacional Humanitario, y que el Eln y las disidencias bajo el mando de ‘Calarcá’, particularmente alias Andrey, mantengan acuerdos de carácter humanitario que minimicen los enfrentamientos entre ellos que dejan a la población civil en medio del fuego cruzado.
«La Defensoría del Pueblo seguirá trabajando para proteger los derechos humanos de quienes más lo necesitan, promoviendo espacios humanitarios y exigiendo respeto por la vida y la dignidad de las personas afectadas por el conflicto armado interno», manifestaron.
/ElTiempo
