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Los contralores departamentales y municipales se han unido para interponer una acción popular ante el Tribunal Administrativo del Cesar en el que solicitan entre otras, la suspensión del régimen especial tarifario.
Los delegados piden a la justicia que suspenda los efectos de la resolución No. 010 del 30 de enero del 2020 de la CREG en donde se establece el régimen transitorio especial en materia tarifaria para la región Caribe y en la que se permite que los usuarios asuman los costos por las pérdidas de energías.
“El día de hoy interpuse una acción popular ante el Tribunal Administrativo del César con el fin de acabar con los cobros excesivos en el servicio público de energía”, afirmó el exministro de Justicia, Wilson Ruiz.
La acción popular busca garantizar un cobro justo, un servicio óptimo y una correcta administración de los dineros públicos, “con el fin de que las familias no tengan que seguir pagando los errores de Air-e y Afinia”, según indicó.
Los contralores también hicieron un llamado a la Superintendencia de Servicios Públicos medidas urgentes para la toma de posesión de los bienes y negocios de Afinia con el fin de garantizar la prestación adecuada, oportuno y eficiente del servicio de energía eléctrica en gran parte del mercado.
“Los contralores territoriales del Caribe le están solicitando al Tribunal Administrativo del Cesar que ordene la suspensión inmediata de la resolución 010 del 2020 de la CREG, que contiene unas medidas que fue la que incrementó el costo de la energía en el Caribe de una manera dramática”, dijo German Garrido Prada, abogado asesor de los contralores.
También solicitan el cumplimiento por parte de la presidencia de la Republica para el nombramiento de los expertos comisionados en propiedad de la CREG para destrabar medidas regulatorias como el pago de opción tarifaria y la reestructuración de la formula tarifaria.
“Las peticiones que se hacen que van dirigidas a la misma Creg es que hay unas ordenes regulatorias del Gobierno nacional que no se han cumplido que a punten a que los usuarios se les cobren una tarifas que representen cobros eficientes, que no se sigan haciendo cobros especulativos”, precisó el abogado.
Los contralores regionales reiteran que la Superintendencia de Servicios Públicos debe evaluar no solo la intervención sino la liquidación de las empresas de energía en la Costa.
Suspensión del cobro de opción tarifaria
Norman Alarcón, vocero de la Liga Nacional de Usuarios indicó que el Gobierno debe garantizar que realmente los usuarios perciban la reducción por la suspensión del cobro de la opción tarifaria, debido a que la empresa AIR-E tiene una exposición a bolsa de energía hasta en un 50%, lo que podría disparar las facturas.
“Air-e únicamente estaba expuesta en un 15%, según datos que tenemos. Y ahora, la semana pasada, el interventor Carlos Diago dijo que estaban a más del 50% de exposición a bolsa”, precisó.
Finalmente, es preciso mencionar que, la acción popular tiene lugar a solo días de que entró en vigor la reducción de las tarifas de energía para los usuarios de la intervenida empresa Air-e, en los departamentos de Atlántico, Magdalena y Guajira por la suspensión del cobro de la opción tarifaria.
En este sentido, el precio del kilovatio pasó de más de mil pesos a $855 pesos, mostrando una disminución del 20% en el ciclo de facturación para este mes.
#JUDICIAL | Contralores municipales y departamentales de la Costa Atlántica interpusieron una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cesar, con el fin de acabar con los cobros excesivos en el servicio público de energía. @andresGgaitan pic.twitter.com/gNw7fWYyL4
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 1, 2024
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