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Después de 33 años de desobediencia a la Constitución Política se aprobó la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) que ordena transferir el 39,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación a las entidades territoriales. Es la columna vertebral del sistema territorial aprobado en la Carta Magna que el centralismo fuerte y poderoso nunca quiso concretar y dilató su definición hasta hace poco. Es un acto de justicia histórica.
La centralización excesiva del poder y de los recursos ha generado desigualdades en las regiones que causan secuelas profundas en la calidad de vida de los habitantes. Es parte de las decisiones trascendentales para construir el futuro de Colombia.
La descentralización, como asunto nacional, se impulsa hace décadas, pero solo hasta ahora se hizo realidad gracias a la voluntad del Gobierno y compromiso del Congreso de la República. La Constitución Nacional aprobó el esquema, pero se incumplió: hubo dos reformas constitucionales en 2001 y 2007 que eludieron el proceso y restaron $390 billones a las regiones con lo cual se hubiera transformado el territorio, en contraposición, el poder central ha incrementado su gasto de 2% a 4% del PIB.
La Constitución de 1991 autorizó el 46 % de transferencias, pero finalmente el Congreso de la República aprobó 39,5 %, lo que representa un avance.
Con esto no se va a quebrar Colombia como argumentan los detractores. El siguiente paso es lograr un adelgazamiento del Estado central para darle paso a entidades territoriales más sólidas con un mayor control de su propio futuro. Habrá menos corrupción y burocracia porque la gente al saber que los recursos están disponibles en su territorio será más severo el control. Se cumple el sueño del constituyente de tener, primero, instituciones robustas, y segundo, más recursos del SGP.
Hay que reducir las actividades del Gobierno central en las regiones para permitir transferencias más efectivas. La pobreza no se acaba redistribuyendo lo poco que tenemos ahora, se necesita que Colombia genere más riqueza para tener más para repartir. Ese es el secreto del verdadero desarrollo como lo indica James Robinson, Nobel de Economía.
Se necesitan más recursos para dar mejores pensiones a los ancianos, más universidades de alta calidad para los jóvenes y apoyo para que cada ciudad o departamento pueda construir su sistema empresarial y productivo.
La reforma al SGP necesita la aprobación de una nueva ley de competencias que redefina los recursos y responsabilidades de cada nivel territorial. Este proceso iniciará a partir de 2027. No se benefician las actuales administraciones que trabajaron intensamente para lograrlo, lo que acabó con el estigma de que estábamos trabajando para nuestro beneficio.
Para su crecimiento, los departamentos tendrán que trabajar mucho en internacionalización, ciencia, tecnología e innovación, productividad rural, desarrollo de sus empresas, en la financiación de sus sistemas productivos, enfocarse en la construcción de una infraestructura de transporte y energía organizada, el sistema educativo y una economía moderna y digital que fortalezca su mercado laboral.
Todas esas tareas tendrán un anclaje fuerte en la competitividad, que solo será posible si tienen una institucionalidad sólida y con recursos. ¡Al fin se avanzó!
*Exministro de Estado
*Gobernador del Atlántico